Guerra al expolio submarino

Desde Elcorreo Digital


Era un secreto a voces. «Sólo en el Golfo de Cádiz hay más oro que en el Banco de España», dijo hace ya dos décadas el catedrático Manuel Martín Bueno.

Lo sabían aventureros como Robert Max, el arqueólogo norteamericano que cuantificó el botín hundido en la desembocadura del Guadalquivir en 116.000 millones de euros. O el investigador Gonzalo Millán del Pozo, que estima que la cifra supera los 160.000 millones.

Lo tenían claro especialistas del prestigio de Javier Nieto, que denunció en los 70 que buceadores franceses venían de vacaciones a nuestro país y aprovechaban el vacío legal para saquear los fondos marinos. Y las 28 empresas que en EE UU se dedican, oficialmente, a «localizar y rescatar pecios».

Lo intuían los documentalistas del Archivo de Indias, los aficionados a las inmersiones superficiales que desde los 60 acumulan colecciones particulares dignas de cualquier museo, los tasadores, los compradores y los anticuarios.

El litoral era un filón, inmenso y desprotegido. Se trataba de llegar, sondear las coordenadas, cargar la botella, 'pescar' las piezas y venderlas, a ser posible, dentro de nuestras fronteras.

Algunos cazatesoros, como el italiano Claudio Bonifacio, hasta concedían entrevistas, y posaban tan tranquilos para la foto de primera, bronceados y con gesto intrépido, emulando a los viejos lobos de mar.

Al circuito sólo le faltaban anuncios en prensa, vallas publicitarias y luces de neón. Reinaba la impunidad.

A mediados de los 80, el Gobierno dio los primeros y tímidos pasos para atajar el desavío, incluyendo los yacimientos submarinos en la Ley de Patrimonio Histórico.

En los 90, los Centros de Arqueología Subacuática (Cataluña, Cartagena, Andalucía) se convirtieron en las primeras entidades especializadas en la investigación histórica de los fondos.


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